El estancamiento de la economía se tradujo en un aumento de la tasa de desempleo , revirtió la tendencia de la última década, en el transcurso de la cual se logró reducir la pobreza monetaria, que se define a partir del costo mínimo de una canasta de consumo básica de bienes ($257.433/persona/mes), desde el 42% hasta el 26.9% de la población total en 2017 y lo que es peor el coeficiente GINI, que mide el grado de concentración del ingreso, ya de por sí elevado, también empeoró.

Después de una larga espera, después de muchos ires y venires, vueltas y revueltas, fue expedida la Ley 1962 de 2019, de fortalecimiento de las regiones administrativas y de planificación (RAP) y, lo que es más importante, ella allana el camino para avanzar hacia la constitución de las regiones como entidades territoriales (RET), al desactivar el freno de mano que se le puso, irónicamente, en la Ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT) , que quiso esquivarla

El Presidente Iván Duque había dicho durante su campaña que “las empresas están asfixiadas con tanta carga tributaria…debemos bajar impuestos para que puedan generar más y mejor empleo” . Luego, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla haciendo eco a estas palabras sostuvo que el sistema tributario “es muy agresivo con las empresas formales” . Y fue más allá, diciendo que “tenemos una estructura tributaria que castiga severamente la competitividad, la formalidad, el empleo y el emprendimiento y, por lo tanto, el crecimiento a mediano plazo de la economía. Tenemos que arreglar ese problema” .

Muchas criticas ha recibido el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el cuatrienio Duque (2018 – 2022), por lo extenso (originalmente con 183 artículos y la Ponencia para segunda debate ya cuenta con 309), por lo farragoso, por la inconsistencia de las Bases del Plan (con 945 páginas) con el Plan mismo, convertido en una especie de poutpurri, por la profusión y variedad de temas abordados. Se habla de micos y orangutanes emboscados en su texto, algunos ya identificados y otros bajo sospecha, mientras la cacería de los mismos sigue.

Pido la palabra, en esta ocasión para terciar en la controversia que ha suscitado el anuncio del gobierno nacional de reanudar el proceso para reemplazar a ELECTRICARIBE como operadora de la red de distribución de energía eléctrica a 2.6 millones de usuarios en 7 departamentos del Caribe colombiano, que representan el 23.9% de la demanda nacional, 16.534 de los 69.081 GWH del consumo total del país.

A propósito del día de la mujer, escribió la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena que en dicha entidad se tiene “la convicción de que la desigualdad de género además de ser injusta, es profundamente ineficiente, es un obstáculo que conspira para alcanzar el desarrollo sostenible”. Como advierte ella misma esa es la realidad palpable en Latinoamérica y el Caribe y Colombia no escapa a ella.

Esta semana fue prolífica en buenas noticias, de las que fue portador el sector energético, las que, no obstante, se vieron opacadas por el efecto mediático de los anuncios por parte de la Fiscalía General de la imputación de cargos por presuntas irregularidades en la contratación y adjudicación de las obras de Hidroituango, consideradas por el ente investigador como el pecado original que se cometió en este megaproyecto.