Tenemos que empezar por decir con el neurólogo y educador argentino Sebastián Lupina, que “la pobreza tiene graves impactos sobre el desarrollo cognitivo y emocional”, que deja huellas, secuelas imborrables. Y ello es grave, de allí la importancia de la atención debida a la primera infancia, especialmente en sus primeros cinco años, que es cuando se da el mayor desarrollo del cerebro, del lenguaje, de la motricidad y del pensamiento abstracto que caracteriza al ser humano.

La situación del sector energético tiende a gravarse, viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente. 

La política energética del Gobierno Petro ha sido errada y errática. Empezando por la Ministra de Minas y Energía, la filósofa Irene Vélez y ahora Ministra de Ambiente, que fue una veleta. Tuvo la ocurrencia de afirmar tempranamente que Colombia no tenía de preocuparse pues, según sus cálculos fantasiosos, tenía asegurado el autoabastecimiento de gas natural hasta el año 2042. Luego, quien la reemplazó, el ex ministro Andrés Camacho, sostuvo que en Colombia no había escasez de gas natural sino acaparamiento por parte de algunas empresas, las que estarían especulando con el mismo y le pidió a la Superintendencia de servicios públicos que las investigara y sancionara. En ello lo secundó el Presidente Petro, quien fue inducido al error. 

La mezcla de los biocombustibles en Colombia podemos considerarla como un caso de éxito. Hace 20 años, desde el 1 de noviembre de 2005, merced a la Ley 693 de 2001, de mi autoría, entró en vigor y desde entonces ha sido obligatoria. El espíritu de la misma y la del legislador era y sigue siendo alcanzar varios propósitos al tiempo: contribuir a la seguridad energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático y las de material particulado, que tanto afecta la salud, amén del impulso a la agricultura y con ella la generación de empleo formal e ingresos en el campo, en donde más se requiere.

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el Gobierno Nacional ha terminado por aceptar que en Colombia sí hay una escasez de gas, que esta es creciente, que la producción nacional del mismo es insuficiente para satisfacer la demanda esencial y que por lo tanto se requiere importarlo para conjurar un eventual racionamiento, dejando atrás el negacionismo de la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez, para quien, según ella, Colombia tendría asegurado el abastecimiento hasta el año 2042 y del ex ministro Andrés Camacho, quien sostuvo que aquí no había escasez sino acaparamiento por parte de algunas empresas que estaban acaparándolo y especulando con el mismo y ordenó investigaciones por ello a la Superintendencia de servicios públicos, las cuales nunca llegaron a ningún Pereira.

La situación del sector energético tiende a gravarse, viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente.